El anteproyecto de reforma a las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral que elaboró la Junta Central Electoral (JCE) propone reducir entre un 65 y 75 por ciento los tope de los gastos permitidos en la campaña y precampaña, así como crearía mecanismos para designar las vacantes de congresistas.
La propuesta plantea que el monto a gastar para el nivel presidencial en la campaña pasaría de RD$922 millones a RD$ 322 millones y en la precampaña de RD$527 millones a RD$ 131 millones. La iniciativa introduce modificaciones a los artículos 42 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 204 de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, respectivamente.
La actual Ley de Partidos establece que los postulantes presidenciales pueden gastar RD$70 por electores hábiles inscritos en el registro electoral a nivel nacional y con el proyecto se busca reducirlo a RD$17.50. Para el nivel congresual de RD$60 pasarían a RD$15 por electores, los municipales (alcaldes y directores distritales) de RD$50 a RD$12.50, mientras que RD$6.25 para regidores y vocales.
El anteproyecto también reduciría las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, para que en lugar de ser uno por ciento pase a ser 0.50% en dinero, especie o ambas.
“Cuando los topes de gastos de campaña son tan altos, como los que actualmente existen en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente”, aseguró Román Jáquez Liranzo, en la presentación de los proyectos de leyes a los partidos políticos.
Curules vacantes
Las propuestas legislativas contemplan que las designaciones para las vacantes de congresistas puedan ser cubiertas por ternas que se sometan al Congreso Nacional.
“Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá quien ocupará la curul de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló”, refiere un nuevo artículo que fue propuesto sobre el mecanismo de designación en caso de vacancia.
La designación se haría tomando en cuenta la terna conformada por los tres candidatos o candidatas que obtuvieron mayor cantidad de votos en la elección y no lograron el escaño.
Además se propone que las listas de candidaturas a cargos de elección popular en circunscripciones plurinominales (diputaciones, regidurías y vocalías) estén integradas 50% por mujeres y 50% hombres.]
De igual modo, el proyecto suprime la obligación a cargo de la JCE de organizar las primarias de los partidos y deja en su responsabilidad el montaje de los procesos.
“Depositar en el organismo de gestión electoral la responsabilidad de organizar, reglamentar, administrar y arbitrar los procesos internos de las organizaciones políticas, independientemente de cuál sea el método utilizado, sería trasladar las inconformidades y conflictos internos de las organizaciones políticas a la Junta Central Electoral”, refirió Jáquez Liranzo.
Trece puntos claves
Garantizar la equidad e igualdad formal y material entre los ciudadanos y ciudadanas dominicanas.
Fortalecer el pluralismo político.
Garantía del derecho a someter las actuaciones de la administración al control de legalidad y juridicidad.
Contribuir al fortalecimiento del principio de democracia interna.
Propiciar certeza y seguridad jurídica a los actores del sistema.
Delinear el marco de atribuciones de la Junta Central Electoral (JCE) en los aspectos de su competencia.
Hacer efectivo el principio constitucional de equidad en la contienda electoral.
Garantizar a favor de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de un voto informado.
Variación de la cuota de proporción de género por el principio de paridad de género.
Fortalecimiento de la logística administrativa electoral de cara a la jornada electoral.
Evaluación y análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.
Nuevo esquema conceptual de alianza o coalición; la creación de nuevos niveles de elección y otras modalidades de alianza o coalición como forma de vinculación temporal de las organizaciones políticas.
Fortalecimiento del régimen sancionatorio, tanto administrativo como jurisdiccional.
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