Por Elsa Bello
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) consideró que el sometimiento por difamación e injuria hecho contra los periodistas de Hato Mayor, Manuel Antonio Vega y Willy Peguero, corresponsales del periódico Diario Libre y del canal Antena Latina 7 por parte de la juez Jazmín Varela Astacio, es improcedente y constituye otro atentado contra la libertad de prensa.
El CDP dijo que si es como se puede apreciar y relatan los comunicadores, de que ellos simplemente cumplieron con su papel de informar que la magistrada dictó prisión contra una mujer por el supuesto robo de un pica pollo, mientras que dejó en libertad a varios miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acusados de un supuesto tumbe de narcótico, lo que hicieron fue cumplir con su papel de periodistas.
De su lado, David R. Lorenzo, abogado del CDP, señaló que los periodistas son responsables únicamente de las informaciones que difunden a través de medios de comunicación y redes sociales, y no de los comentarios realizados por el público.
Manifestó que si la magistrada actuó bien y apegada al derecho, no tiene por qué temer a las informaciones publicadas y los comentarios de los ciudadanos, aunque estos en algunos casos pudieran ser fuera de tonos.
Indicó que las informaciones publicadas por Vega y Peguero en las páginas www.atacandodigital.com. www.diariolibre.com, el noticiero AN7 de Antena Latina y las cuentas de Facebook y Twiter de los medios nacionales y redes sociales no atacan la moral de la magistrada.
Vega y Peguero fueron citados para este martes 8 de mayo, a la 9:00 de la mañana a una audiencia de conciliación por ante el juez Francisco Arias, en el palacio de justicia, de esta ciudad de Hato Mayor.
La juez Varela Astacio, acusa a través de su abogado, José A Fis Batista, a Vega y Peguero de violar los artículos 32, 359, 294, 118, 267, 268, 297 y siguientes del Código Procesal Penal Dominicano, así como los artículos 367 del Código Penal Dominicano y los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 Sobre Crímenes de Alta Tecnología.
En su petición, la magistrada Varela Astacio solicita un año de prisión a los comunicadores y multas de 300 salarios mínimos, así como una indemnización de un peso simbólico, como justa indemnización por los daños y perjuicios sufridos por ella.
Los periodistas mostraron extrañeza con la notificación hecha por un ministerial el pasado viernes, donde lo llaman a una audiencia de conciliación por supuesta difamación e injuria en contra de la magistrada, quien al momento de las decisiones judiciales se desempeñaba como juez de la instrucción y luego promovida a la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Hato Mayor.
