José Ricardo Taveras, ex director general de migración, aclaró que las medidas anunciadas por el presidente de la República para ejercer un control fronterizo adecuado son infructuosas. Adujo que anunciar una política de control fronterizo sustentada en la manida movilización de soldados, cámaras, drones y vehículos de todo terreno no aportan absolutamente ninguna novedad en el control fronterizo, pues, desde hace años que forman parte de los placebos con que se trata de tranquilizar las legítimas inquietudes de la población por la ausencia del Estado en la frontera.
“Hace años que el CESFRONT usa drones como juegos de Atari, porque ninguna herramienta de control electrónico de frontera tiene sentido si no forma parte de un sistema integrado a un centro remoto de comando, control y monitoreo al cual sea referida en tiempo real la geo-localización del tráfico de personas, mercancías, equipos de transporte o cualquier otro tipo de instrumento utilizado para violar la integridad de la frontera. El presidente tampoco se refirió a la reconstrucción de la estratégica carretera internacional, clave para el desplazamiento de tropas y efectiva movilización operativa de todo mecanismo de control fronterizo y mucho menos refirió haber tomado las precauciones presupuestarias para que esas políticas puedan ser efectivas, pues, no ganamos nada con asignar helicópteros, vehículos y personal que luego no pueden ser movilizados por falta de combustible o soldados que nunca disfrutan de dietas.”
El también ex diputado, ponderó positivamente que el presidente llamara la atención sobre el empleo de mano de obra extranjera ilegal, aunque olvidara el cumplimiento del 80/20. Remarcó que la ley entra por casa, y que aunque el gobierno contrata las obras públicas, comience por exigir a sus contratistas la contratación de su personal en la proporción que manda el art. 135 del Código de Trabajo, porque nobleza obliga.
En otro orden, el también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), lamentó que el presidente Danilo Medina haya perdido, una vez más, la oportunidad de rendirle cuentas a su nación sobre las razones profundas que lo han hecho desmentir, a través de las políticas erráticas de su gobierno, las líneas maestras que trazara en su discurso de La Habana y su deber de ser un celoso guardián de la soberanía nacional.
Resaltó que el presidente debió informar porque el gobierno violó la ley el año pasado al disponer administrativamente una extensión del plazo del estatus migratorio de los extranjeros acogidos al plan de regularización, al tiempo que ha ordenado dotarlos de residencia permanente, en contravención de la ley 285-04 y del art. 39 del Decreto 327-13, que ordena que los mismos estarían sujetos a renovación o cambio de categoría de conformidad con la ley. ¿Porque hacer eso si el 99% de los beneficiarios tienen el perfil legal de trabajadores temporeros?
Es tiempo de que el presidente informe porque su gobierno impulsó y aplica una ley inconstitucional, la 169-14, mediante la cual, en contravención al art. 18, 19 y 184 de la constitución y de las disposiciones de la Sentencia 169/13 del Tribunal Constitucional, ordenó acreditar la nacionalidad dominicana, en vez de naturalizar a ciudadanos extranjeros beneficiados y a registrar sus nacimientos en el registro civil dominicano, otorgando además, una disimulada amnistía migratoria y eventual naturalización a los hijos de todos los extranjeros ilegales nacidos en cualquier tiempo hasta el 2014, aunque no estuviesen registrados en el libro registro de nacimientos; desmontando de ese modo las disposiciones de la citada sentencia y facilitando la constitución de una minoría étnica nacional.
El país debe saber y el presidente nunca ha explicado porque su gobierno, lejos de cumplir con el objetivo del plan de regularización, que era encarrilar la extranjería irregular a la ley, ha dispuesto crear un régimen de extranjería paralela, gratuita y sin sustentación documental de su país de origen, generando un estatuto de privilegio en detrimento de aquellos extranjeros que, además de estar documentados, han cumplido con nuestras leyes y pagan sus tasas, mientras que los beneficiarios de todas las exenciones tienen un común denominador en la violación de nuestras fronteras y leyes, al tiempo que son parte de una campaña mundial que crucifica nuestra nación como xenófoba y racista.
Esas son las principales medidas que en general ha venido tomando el gobierno desde el 2012 y esta es la fecha que el país no tiene una explicación de sus razones, como tampoco explicó que hará para deportar la inmensa cantidad de extranjeros no regularizados que aún no cesan de entrar y permanecer ilegalmente en territorio dominicano.
DE LA OFICINA DE JOSE RICARDO TAVERAS BLANCO
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