Población expresa que si el alcalde polémico Raúl Mondesí no cae preso la senaduría de Tommy Galán se pierde.
SAN CRISTOBAL, República Dominicana.- Por cuarta ocasión la jueza de Instrucción Especial, Luz del Carmen Matos, volverá a conocer la solicitud de medida de coerción en contra de Raúl Mondesí, alcalde de esta ciudad, y otros cuatro empleados del ayuntamiento acusados de malversar más de 300 millones de pesos.
La audiencia está fiajada para las 9:00 de la mañana y en la misma se deben presentar prueba caligráfica, así como quienes son los responsables de números de cédulas que aparecen en varios cheques emitidos por el cabildo local.
También ir a la Superintendencia de Bancos para determinar a quiénes corresponden dos números de cuentas donde fueron depositados gran parte del dinero de esos cheques cuando fueron cambiados y al INACIF para hacer las pruebas caligráficas a los imputados, quienes alegan que no firmaron ningún cheque.
A la audiencia anterior fue citada la señora Máxima Cuevas Reyes, quien funge como testigo del caso y a nombre de quien aparece una retroexcavadora y varios cheques, sin embargo ella asegura que no es empleada del Ayuntamiento y que no sabe cómo figura en esos cheques y como propietaria de esos equipos.
Para este viernes se espera un reforzamiento de la seguridad en el Palacio de Justicia de San Cristóbal por efectivos militares dentro y fuera.
La jueza Matos citó a las partes para el pasado viernes 24 de julio a partir de las nueve de la mañana en la sede de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que coordinen y realicen todas las diligencias que estaban pendientes.
LA ACUSACION DEL PEPCA
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó prisión preventiva en contra del alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, Raúl Mondesí por malversar fondos del Cabildo por más deRD$200 millones de pesos.
Mediante el escrito de acusación se le solicita a la juez Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, designada como juez de la instrucción especial de la jurisdicción privilegiada para este caso, la apertura a juicio y la imposición de medida de coerción por hechos graves de corrupción.
El organismo anticorrupción, solicita además, para los ciudadanos: Bienvenido Araujo Japa (Secretario General), Pedro Cordero Valverde (Contralor), Antonio de Jesús Ferreira Guzmán (Tesorero Municipal) y Edward Vianelo Guerrero Pontier, principales funcionarios del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, una garantía económica de 1 millón de pesos dominicanos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica contra cada uno.
El Ministerio Público acusa a Raúl Mondesí y principales funcionarios del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de haber manejado los fondos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
Además se pudo establecer que confeccionaban documentos falsos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, como en algunos casos relativos a la recogida de basura.
Los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley No. 6-86 sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS), retenido a contratos de obras.
Además, se hacían pagos en exceso por realización de obras de infraestructuras
Se realizaban contratación de bienes, obras y servicios violentando el procedimiento de compras establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Asimismo, se les acusa de realizar pagos sin soportes de los servicios, es decir, sin constancia de que los trabajos se hayan realizado.
Igualmente se determinoóque realizaban pagos que excedieron el porcentaje establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, para la distribución de los fondos.
También se les atribuye no realizar declaración jurada de bienes, aun cuando todo funcionario público está obligado por ley a realizar tal declaración.
Se indica que realizaban pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, y personas con vinculación de consanguinidad, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del Cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestaban servicios en la institución edilicia.
La acusación establece también que venta de equipos de transporte (Chatarras) en violación a las leyes y los reglamentos.
Señala que hicieron uso de personas supuestas para elaborar contratos y cobrar cheques con endosos falsos.
El Ministerio Público requirió en su escrito que los acusados sean enviados a juicio por violación a los artículos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266 del Código Penal dominicano que prevén los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores; precedidas por las prescripciones de las disposiciones del Decreto No. 319-98 del 25 de agosto de 1998, en sus artículos 1, 2 y 3, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 6-86 crea el fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción, el artículo 62 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social y el artículo 61 Código Tributario (Ley No. 11-92 del 13 de abril del año 1998); el artículo 16, 17 y 65 párrafo II de la Ley No. 340-06 Sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; artículo 21 Párrafo IV y 60 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; artículos 14 y 17 de la Ley No. 1832-48 de la Dirección General de Bienes Nacionales, los artículos 15, 23, 24, párrafo III y 31 del Reglamento No. 6105-49 sobre Bienes Nacionales, y el artículo 146 de la Constitución de la República, sobre proscripción de la corrupción.
La sala capitular del Ayuntamiento San Cristóbal” aprobó las construcciones de obra en los últimos cuatro años, que aún no se construidos, sin que se explique donde fueron a parar los fondos.
DOMINGUEZ BRITO HABLA
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que los funcionarios judiciales están en su deber de actuar con responsabilidad sobre el expediente de supuestos actos de corrupción cometidos por el alcalde Raúl Mondesí y funcionarios del cabildo, que sobrepasan los 200 millones de pesos.
“Para el Ministerio Público es muy importante que prevalezca la verdad, hay elementos suficientes para que se aplique las sanciones de lugar, vamos a luchar para que así sea, estamos pidiendo a los tribunales de San Cristóbal, que asuman con toda seriedad y responsabilidad en ese caso (Raúl Mondesí y compartes)”, hay principio penales muy claro, muy definido y vamos a insistir para que se producen las sanciones del ministerio público de de la República Dominicana”, dijo Domínguez Brito.
Noticiasc.com
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