El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá hoy miércoles si valida el acuerdo firmado entre la constructora Odebrecht, a través del cual se comprometió a retribuir al Estado con US$184 millones en compensación por el pago de sobornos para ser favorecido con obras públicas.
El magistrado José Alejandro Vargas fijó para las 10:00 de la mañana la lectura de la sentencia en audiencia, en la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde funciona el tribunal de Atención Permanente.
Se recuerda que la solicitud de homologación del acuerdo fue depositada en el tribunal el pasado 10 de febrero por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, y el abogado de Odebrecht, doctor Robert Valdez.
Trascendió que el juez también decidirá sobre un pedimento que le hiciera la PEPCA, en el sentido de que el caso Odebrecht fuera declarado complejo.
Con relación al caso Odebrecht han sido interrogadas 16 personas, entre estas funcionarios, exfuncionarios y legisladores, el gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, quien admitió haber recibido los US$92 millones, pero por pago de servicio brindado.
El pasado lunes el presidente Danilo Medina dijo, en su rendición de cuentas, que la homologación o no del acuerdo por parte del tribunal apoderado no detendrá la investigación del caso Odebrecht.
El acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República contempla el pago de 184 millones de dólares, de los cuales la empresa brasileña se comprometió a desembolsar 30 millones en lo inmediato, y el resto en un plazo de ocho años, hasta el 2025.
Las investigaciones en el país se iniciaron a raíz de que el consorcio se declaró culpable en Nueva York de violar leyes contra sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción en Brasil. Además, Odebrecht aceptó pagar multas por más de 3,500 millones.
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BASE LEGAL DE ACUERDO CON LA PROCURADURÍA
La legalidad del acuerdo firmado con Odebrecht se fundamenta en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que establece que el proceso penal tiene carácter de medida extrema de la política criminal, por lo que el ministerio público tiene la posibilidad de utilizar medidas alternativas para restaurar el orden social fuera de la judicialización del caso.
Igualmente, el artículo 370.6 de la misma norma permite al ministerio público aplicar criterios de oportunidad en casos de naturaleza compleja, como el presente, cuando los imputados colaboran eficazmente con la investigación, brindan información esencial, ayudan a esclarecer los hechos o proporcionan información útil para comprobar la participación de otros imputados. En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que ministerio público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Las operaciones
En cuanto a las operaciones de la empresa brasileña en el país, el acuerdo establece que el ministerio público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
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fuente listindiario.com
