SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que imponga medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra del ex juez Francisco Alberto Arias Valera y la jueza suspendida Awilda Inés Reyes Beltré.
Ambos profesionales alegadamente formaban parte de una estructura corrupta que se encargaba de recibir sobornos y prebendas de particulares a cambio de favorecer imputados acusados de delitos graves, principalmente, de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
En una instancia al juez Ramón Horacio González Pérez, el Ministerio Público precisa que las acciones de los imputados Francisco Alberto Arias Valera y Awilda Inés Reyes Beltré, en su condición de Juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Departamento judicial de la provincia de Santo Domingo y miembro del Consejo del Poder Judicial y jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, respectivamente, “se subsumen y adecuan típicamente a los artículos 177, 178, 179, 181, 183, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y a las disposiciones expresadas en los artículos 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, que describen la conducta típica de soborno, prevaricación asociación de malhechores y lavados de activos”.
Expresa que la prisión preventiva constituye la medida más idónea, ya que en este caso existen elementos razonables para sostener que son autores de los hechos ilícitos señalados en la instancia, además de las fuertes evidencias existentes de que pueden ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, localizada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, fijó para este miércoles 16 de diciembre, a partir de las 12:00 del mediodía, el conocimiento de la medida de coerción del Ministerio Público.
En la solicitud, el Ministerio Público señala que desde la llegada al Consejo del Poder Judicial del imputado Francisco Alberto Arias Valera, en fecha 7 del mes de marzo del año 2011, se dio inicio a la conformación de una red mafiosa dentro del Poder Judicial, la cual, se dedicada a la fabricación de sentencias bajo diversos mecanismos ilícitos.
Establece que dicha red estaba dirigida por el propio Consejero del Poder Judicial Francisco Alberto Arias Valera e integrada por jueces de distintas jurisdicciones, entre las que resalta, la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, Peravia, entre otras provincias del Cibao, el Este y el Sur del país. Además de jueces esta red la componen secretarios, empleados administrativos, ex jueces y abogados en ejercicio, alega
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