Había decidido no escribir, por el momento, sobre los aspectos migratorios que actualmente se están debatiendo en la República Dominicana, debido entre otras cosas, a que había expuesto con claridad lo que yo entendía correcto desde el punto de vista de los intereses nacionales y de los aspectos técnico-jurídicos; sin embargo, los acontecimientos me han conminado a hacer una breve y modesta reflexión sobre lo que continúa ocurriendo en el país en tal sentido.
Conozco la historia reciente de los problemas migratorios dominicanos desde el momento que se inició el debate congresional en torno a la ley que sustituiría ley 95 del 1939 y su reglamento 279 sobre migración por la 285-04.
Fui contratado por el Senado de la República en ese momento para ser el asesor en la elaboración de lo que hoy se conoce como Ley 285-04; por ser el único técnico contratado para tales fines, me correspondió la responsabilidad de evaluar las propuestas que los diversos sectores hacían para ser incluidas en la nueva ley, y eso me permitió conocer la magnitud de la situación peligrosa que gravitaba sobre la soberanía de la República Dominicana.
La situación era tal que se sentía en el ambiente una especie de actitud conspirativa contra el nacimiento de lo que hoy se conoce como Ley 285-04.
Hubo Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que prácticamente planteaban una ley de migración que no regulara la migración haitiana hacia la República Dominicana. ¡Grave. Gravísimo! Y la situación se tornó tan tensa que las personas que estábamos alineadas con la defensa de la soberanía nacional tuvimos que actuar con el espíritu de firmeza que requerían las circunstancias; y a mí me tocó el desafío de evaluar con serenidad algunas de las propuestas que hacían connotados intelectuales, sociólogos, economistas… a favor de una ley permisible.
La situación llegó a tal grado en los debates que una Organización no Gubernamental manifestó que si la ley no se hacía conforme a los criterios que ellos tenían le iban a cobrar con votos en las elecciones a los diputados y senadores que votaran por una ley diferente a la prevista por ellos.
Un Organismo Internacional se acercó, a mí particularmente, para observarme que debía cambiarse el artículo 36 del proyecto de ley de migración, concretamente la parte referida a los refugiados, y yo le respondí que ese artículo estaba conforme al interés nacional y que no contradecía por ningún lado las normas internacionales a las que la República Dominicana estaba sometida; y ese artículo se quedó así.
Después se inventaron que el proyecto de ley no podía someterse, que había que darle tiempo, porque realmente lo que se buscaba era boicotear el nacimiento de una ley que tuviera como objetivo fundamental proteger los intereses de la República Dominicana; en ese momento los sectores que se proponían tal boicot preferían que el país siguiera manejándose con la obsoleta ley 95 de 1939; pero sus propósitos no prosperaron.
Los debates fueron bastante ricos, donde se enfrentaban las dos posiciones que hoy se siguen debatiendo en la República Dominicana, los que defendían el interés nacional,y los que tienen una visión diferente a los primeros; sobre todo es bueno destacar que muchas personas participaron en los debates de manera voluntaria o en representación de instituciones, aún sin ser contratados por el Congreso.
Dentro de las personas que participaron en la comisión para debatir sobre el Proyecto de Ley de Migración podemos mencionar al ingeniero TontyRutinel Domínguez, quien lo hacía a nombre del Senado de la República; Juan Manuel Rosario, técnico Consultor del Proyecto de Ley de Migración contratado por la OPA; Pedro Manuel Casals Victoria, Pelegrín Castillo, Wenceslao Guerrero Pou, Alejandro González Pons, Pedro Ubiera, Alberto Vásquez Sosa, Eduardo García Michell, Guarda Rondón, Nancy Ovando, Félix JáquezLiriano, Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Miguel Vásquez García, Antonio Pou Emir, Eddy Tejada, Mayor General Félix Hermida González, Mayor General Brito Monción Leonardo, Mayor General Ramón Rodríguez Arias, José del Castillo, Mayra Ruiz, MaximeTalue, Jorge López Hilario, Gladys Piñeyro, José Cabrera, entre otros.
Luego de aprobarse la Ley de Migración, algunos de los participantes en los debates del proyecto, en coordinación con Organizaciones No Gubernamentales contrarias al contenido de la Ley 285-04, elevaron un Recurso de Inconstitucionalidad pidiendo se declarara como Inconstitucional los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la referida ley; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia estableció que esos artículos estaban conforme a la Constitución de la República.
Una de las cosas que más me llamó a la atención es que los adversarios de la Ley de Migración 285-04 decían que era discriminatorio que la ley estableciera en su artículo 28 que a los hijos de extranjeros que nacieren en el territorio de la República cuyos padres estuvieran de tránsito o en condición de ilegalidad, se les debería dar una constancia de nacimiento de color rosado; alegaban que el hecho de establecer el color rosado era un acto de discriminación. ¿Es denigrante el tener tal o cual color? Absurdo!
Al mismo tiempo que dábamos la batalla por la defensa de la ley 285-04, marchamos contra la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, redacté un recurso de inconstitucionalidad contra dicha competencia, el cual fue refrendado, asumido, por Pedro Manuel Casals Victoria, Pelegrín Castillo, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Consuelo Despradel, entre otros.
Inmediatamente se somete el Recurso de Inconstitucionalidad, los mismos sectores aglutinados contra la Ley 285-04 montaron una campaña contra el recurso a través de los medios de comunicación, y de cabildeo soterrado para que dicho recurso fuera engavetado; y al principio lo lograron; hasta que el Tribunal Constitucional reasume el Recurso de Inconstitucionalidad contra la competencia de la Corte en RD, declarando esa competencia como inconstitucional. Ya la Cámara de Diputados de la República Dominicana, mediante resolución había establecido que esa Corte no tenía competencia en el país.
En esa gran batalla de dos posiciones en torno a la soberanía de la República, entre los que están de acuerdo con defender el entorno nacional, su población, su territorio y su gobierno, y aquellos que quieren que la República Dominicana viva sin frontera.
No es verdad que el verdadero objetivo de los se han agrupado entorno a dejar al país sin protección soberanaes sobre migración, ese es el ropaje; la discusión es esencialmente en torno a dos posiciones relacionadas con enfoques distintos sobre soberanía; hay quienes entienden que el concepto soberanía es obsoleto porque vivimos en la era de la globalización; y los que entendemos que a la República Dominicana hay que defenderla al precio que sea necesario.
A esos sectores no le interesa ningún Plan de Regularización de Extranjeros, es la amnistía general su real propósito…
Nosotros en la Ley de Migración establecimos la necesidad de un Plan Nacional de Regularización; el cual debía hacerse conforme al interés de la República Dominicana y respetando la institucionalidad del país.
Establecimos que la regularización estaba dirigida a poner en orden, en términos jurídicos, la presencia de personas deambulando por las calles dominicanas violando las normas nacionales.
Ese plan nunca se planteó para resolverle el problema a los ilegales, sino para resolver el problema del desorden en el flujo y permanencia de inmigrantes ilegaleshacia y en la República Dominicana; para que el país no tuviera ilegales en su territorio.
Hay quienes entendieron que el Plan de Regularización era un acto de condescendencia para los extranjeros que se encontraban en el territorio de la República; y jamás debió, no fue concebido así, ser un acto de complacencia, porque sería irrespetar la institucionalidad dominicana en aras de hacer sentir bien al ilegal.
El Plan Nacional de Regularización estuvo concebido en todo momento para obligar al extranjero que calificare para ello, conforme a los parámetros establecidos por la ley, a que se sometieran a la institucionalidad de la República; pero nunca, repito, orientado a someter la institucionalidad de la República a la ilegalidad de los extranjeros.
Siempre estuve y he estado convencido de que la debilidad de las autoridades dominicanas iba a servir de caldo de cultivo para que fuerzas extrañas al interés nacional, tanto nacionales como internacionales, aprovecharan la situación para presionar y obtener los objetivos calculados en tal sentido.
En la lucha entre los sectores a que he hecho referencia en esta brevísima reflexión, en la actual coyuntura, el sector que adversa a la soberanía dominicana ha tenido victorias significativas; lo que convoca al pueblo dominicano a organizarse para defender su país y no dejarse dispersar con hechos y acciones no prioritarias para la defensa de la patria.
Lograron imponer la Ley de naturalización 169-14 para tumbar la sentencia 168-13, y también le regalaron el Plan Nacional de Regularización, a la vez que se propusieron fragmentar al sector que defendía al país…
Es un hecho irrefutable, que hay recomponer las fuerzas para defender a la República Dominicana…
La defensa y preservación de la soberanía de la República Dominicana no está en la anuencia que podamos o no recibir desde el exterior, sino que la misma se encuentra en la fuerza interna del pueblo dominicano; los dominicanos no podemos esperar el favor proveniente desde el exterior o de fuerzas extrañas a nuestro interés nacional, para que se respete nuestra soberanía, tenemos que defenderla nosotros.
Es de ingenuo o de vacilante, o genuflexión, mendigar que se respete la soberanía, esta sólo se defiende…
Es ahí donde está nuestro problema, en que quienes nos han gobernado no han tenido la suficiente entereza, y en cierta medida han actuado con marcada genuflexión en la defensa de nuestra soberanía, y para justificar tal vacilación se han inventado infinidad de discursos que van desde supuestamente ser prudentes hasta el de que vivimos en un mundo globalizado, todos esos discursos orientados a la evasiva de entregarlo todo.
Me tocó participar en la discusión en torno a la elaboración del Plan Nacional de Regularización con organismos internacionales, y entre otras cosas, ese ejército pagado para resolver el problema de Haití a través de la República Dominicana, nos planteó en la discusión, primero que había que regularizar a todos los extranjeros, aun no teniendo documento de identidad para ello; segundo, que debía regularizarse sin identidad a los niños o personas no acompañadas, o sea a los que deambulan por las calles de la República Dominicana; tercero, las personas envejecientes también debían ser regularizadas sin ningún tipo de documentación; cuarto, queno debía hacerse la llamada repatriación masiva.
Las personas que participamos en ese debate con esos organismos internacionales no aceptamos ninguna de esas condiciones, y presentamos un Plan de Regularización lo más próximo posible a la defensa de la soberanía nacional.
Lo que sucedió luego es lo lamentable. Después de haber logrado estructurar un Plan de Regularización lo más acorde con el interés nacional, porque no se permitió incluir en él los requerimientos antinacionales de entidadesInternacionales, el gobierno, el presidente y su entorno, permitió que esos Organismos Internacionales, a través de cabildeo, en contubernio con sectores y personalidades nacionales, hicieran cambios a ese Plan en ausencia de quienes habíamos defendido la soberanía y el interés nacional.
Esa falta de entereza ha motivado a los sectores contrarios al interés de la República Dominicana para mantener una presión constante sobre las autoridades nacionales; porque dichos sectores han palpado que nuestras autoridades no tienen la firmeza para defender lo que con tanta sangre y sacrificios construyeron nuestros antepasados.
Esa falta de vocación de defensa del interés nacional de las autoridades dominicana es la que, también, permitió que la Ley 285-04 estuviera sin reglamento desde el 2005 hasta el 2012. Tuvimos un país prácticamente sin política migratoria: no podíamos aplicar la ley 95 del 1939 porque ya había sido derogada, pero tampoco podíamos aplicar la 285-04 porque no tenía reglamento; dice la Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística que solo en ese período entró más del 60% de los extranjeros ilegales que se encuentran en el territorio de la República.
Eldesacierto de rectitud de las autoridades dominicanas, por igual, ha permitido que de las personas registradas en el Plan Nacional de Regularización haya aproximadamente 225 mil o más que han llevado a cabo dicho registro sin tener documento de identidad, y que, sin embargo, las autoridades dominicanas han decidido darles un carnet provisional para que se mantengan en el territorio de la República.
¿Qué explicación pueden dar las autoridades dominicanas para darles carnet provisional a más de 225 mil personas que se registraron en el Plan Nacional de Regularización sin ningún documento de identidad? Bueno, dirán que la prudencia aconsejaba tal medida… ¿Prudencia imprudente?
No pueden alegar que es que no se puede hacer repatriación masiva. ¿Qué es repatriación masiva? ¿Repatriación masiva significa que si hoy entran al territorio de la República Dominicana de manera ilegal dos mil personas, las mismas no pueden ser repatriadas, o sea que si hoy entran dos mil personas de manera ilegal, mañana el Estado dominicano solo puede repatriar diez? Otro absurdo!
Desde el punto de vista del derecho migratorio, repatriación masiva significa laejecución de acciones orientadas a detener a todos los inmigrantes y repatriarlos sin investigar su estatus migratorio; pero inmediatamente se comprueba el estatus migratorio, aquel que no esté conforme a las leyes del Estado en que se encuentre, puede y debe ser repatriado, y ningún convenio internacional asumido por el Estado dominicano establece lo contrario.
Sería absurdo que un país se vea impedido de ejercer la repatriación de las personas que entren a su territorio de manera ilegal, no importa la cantidad. Quien diga algo diferente, ni conoce el derecho internacional ni el migratorio
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