Reemberto Pichardo (c3repdom@gmail.com)
La Constitución de la República Dominicana al expresar en el numeral 12 de su artículo 75 que es un deber de todo ciudadano el de “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública” ha puesto a nuestro cargo el vigilar a aquellos que manejan fondos públicos y de manera aun más atenta a aquellos funcionarios públicos que han sido señalados por los medios informativos o por sectores de la ciudadanía como posibles autores de desfalcos, sustracciones o desviaciones de cualquier índole del dinero del Estado que es aportado por nosotros, los contribuyentes.
No cabe duda de que un innegable indicador o síntoma de estas prácticas corruptos son los grandes derroches de fondos públicos, así como el incremento de los gastos que de forma personal se observa en el funcionario que se ha apropiado del erario público o lo que es igual los dineros del pueblo. Siempre se puede observar como aumentan los corruptos sus patrimonios adquiriendo lujosas propiedades y exhibiendo con derroche en sitios públicos sus nuevas y robadas fortunas.
Ciertamente el desarrollo de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos como el internet y los modelos de última generación de cámaras digitales y teléfonos celulares nos han permitido tener conocimiento y ser testigos de primera mano de estos hechos que son difundidos a través de las redes sociales, por la prensa radial, televisiva y escrita. Hoy en día es posible tener conocimiento de los hechos noticiosos al momento mismo en el que suceden pues basta grabar la información ya sea en audio o en video, subirlo a las redes sociales y socializarlo para que esté a la disposición de la ciudadanía en general.
Es en estos momentos, donde el pueblo dominicano hace frente a lo que podría llamarse el mayor acto de corrupción cometido en la República Dominicana, donde el propio gobierno dominicano no puede dar explicación alguna de la pérdida de más de doscientos mil millones de pesos dominicanos de las arcas del Estado. Todo esto sin que sean sometidos a la justicia los responsables de tales actos de corrupción administrativa, no obstante los constantes reclamos de la población dominicana en ese sentido. Agregando a esta ya grosera situación la aprobación de una abusiva reforma fiscal con el fin de cubrir ese colosal déficit fiscal y dejar impune a sus responsables, razones por las cuales invitamos al pueblo dominicano a empoderarse y a ser mas vigilantes que nunca de la administración transparente, pulcra y ética de los fondos públicos.
Es por estas razones que el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) se une a la iniciativa ciudadana “SIGUE AL TURPEN” la cual consiste en un programa de veeduría pública u observación de la administración transparente, pulcra y etica de los fondos públicos por medio de la cuenta “@siguealturpen” de la red social TWITTER con el fin de darle seguimiento constante a los funcionarios públicos en lo concerniente a los gastos excesivos y desfalcos, ya sea en lugares públicos de diversión o en la adquisición de propiedades lujosas o gastos en artículos de lujo en cualquier lugar para su beneficio personal.
El veedor o denunciante de dichas prácticas corruptas procederá a informarlo mediante la ya habilitada cuenta siguealturpen”, con el fin de socializar la información del funcionario público para que sean realizadas las indagatorias correspondientes por parte de nosotros la ciudadanía dominicana, creándose a su vez una base de datos con el fin de recopilar pruebas y en adición a hacer participes a los diferentes programas de realización de reportajes de periodismo investigativo, los cuales podrán ellos mismos de primera mano obtener las informaciones de la ya mencionada cuenta de TWITTER, sino también proceder a informar las diferentes organizaciones de la sociedad civil que se encargan de realizar sometimientos judiciales de actos de corrupción.
Exhortamos a la población a empoderarse y a su vez hacer el uso de esta herramienta para disuadir a los funcionarios públicos de derrochar el patrimonio del Estado propiedad del Pueblo Dominicano.
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