GALVAN, Baoruco.- 112 trabajadores de la única industria existente en la región del Lago Enriquillo pidieron al Tribunal Superior Administrativo que proteja sus empleos y haga prevalecer la decisión del organismo estatal que aprobó el establecimiento de esta empresa al amparo de la Ley 28-01 de Promoción del Desarrollo Fronterizo, y argumentaron que la resolución sobre ese proyecto se adoptó cumpliendo todos los requisitos establecidos.
La instancia ante la corte está firmada por los abogados Luis Miguel Pereyra y Sergio Julio George, en representación de 112 trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA) única firma nacional que fabrica rones y licores agrícolas, ubicada en una zona de marginalidad y exclusión social protegida por la Ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo formada por las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Bahoruco y Santiago Rodríguez.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha solicitado al tribunal, a través de una acción cautelar, contra esta industria y otras existentes, la suspensión de su permiso para operar al amparo de la ley 28-01, alegando que se vulneran los derechos de sus asociados porque las decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado nacional y además interpuso un recurso contencioso administrativo para que las autoridades revoquen los permisos.
La ILLA y otras seis industrias fueron autorizadas a instalarse y operar al amparo de la ley 28-01 por el Consejo de Coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo, en la asamblea del 26 de julio pasado. Las licencias se confirmaron y ratificaron en la asamblea general ordinaria del 26 de septiembre último, reconociéndose que contribuirían de manera directa y significativa al desarrollo y progreso de la región de mayor marginalidad, pobreza, miseria y abandono de toda la geografía nacional.
“Es increíble que una Asociación que debería promover la industria pida que se elimine la única empresa industrial de toda una provincia, como si la gente del Sur no tuviera derecho a vivir dignamente y disfrutar de empleos industriales bien remunerados” declaró el vocero de los trabajadores, Marichal Romero.
Los trabajadores de la Licorera La Altagracia alegan que tienen derecho a obtener una tutela judicial efectiva y piden que se les permita intervenir voluntariamente en el conocimiento de la demanda de la AIRD ya que se sienten amenazados de perder los empleos y, consecuentemente, los beneficios de la seguridad social (salud, riesgos laborales y seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia).
Alegan que si se suspenden las autorizaciones otorgadas a la licorera, perderían su única fuente de ingreso y se reduciría a su mínima expresión la actividad productiva de una provincia que, como Bahoruco, ocupa uno de los índices de menor desarrollo del país.
La Licorera La Altagracia asegura que, como empresa responsable ante la ley, ha procurado, desde el inicio de sus operaciones, los permisos correspondientes para producir y comercializar sus productos. Se dedica a la producción, comercialización, importación y exportación de rones, licores y otras bebidas alcohólicas. En la actualidad fabrica nueve tipos de rones agrícolas, lo que se exportan fuera del territorio dominicano
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