A los responsables de la tumba y quema de bosques sólo les imponen pequeñas multas, al igual a los que dañan los ríos y arroyos
SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La debilidad de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales es la causa principal de que los delitos contra los recursos naturales se incrementen cada año.
En la mayoría de los casos de violaciones contra los recursos naturales, los procuradores ambientales imponen sanciones administrativas, que consisten en pequeñas multas.
Grupos de ambientalistas y funcionarios del Ministerio de Ambiente han expresado en más de una ocasión la necesidad de modificar la Ley para incluir el término “ecocidio” en los casos de daños graves y penalizar el delito.
Los cortes de árboles, los fuegos a montes y malezas, principalmente en la cuenca alta del valle de esta provincia, incluyendo las lomas de Vallejuelo y El Cercado, en donde todavía aparecen algunos pinos, se producen a diario, algunos de los depredadores son apresados y sometidos a la acción de la justicia, pero los jueces que manejan esos casos parecen ser cómplices de esas acciones, porque en la mayoría de los casos dejan en libertad a los intrusos, y cuando deciden imponerle alguna sanción, los afectados luego hasta se burlan de esos magistrados al abandonar el Palacio de Justicia.
Justo es reconocer los esfuerzos de los doctores Junior Echavarría y de Juan Castillo Cabral, director regional y procurador de Medio Ambiente, respectivamente, con asiento aquí, los esfuerzos que están haciendo por preservar los recursos naturales, persiguiendo, apresando y sometiendo a la justicia a los infractores de las leyes de la materia.
El caso más comentado fue cuando las autoridades de Medio Ambiente apresaron a cuatro personas, entre ellas a un haitiano, quienes tumbaron y quemaron más de 400 pinos y otros árboles frutales en la cuenca media y alta del valle de esta provincia, fueron sometidos a la acción de la justicia, pero un juez los dejó en libertad tras imponerles una multa de dos mil pesos.
Los funcionarios de Medio Ambiente han advertido de que si los jueces que manejan los casos de los depredadores de los recursos naturales no cambian su actitud con relación a las pocas o ningunas sanciones a esos desaprensivos, dentro de pocos años la zona se quedará sin árboles, y con ello, sin fuentes acuíferas, provocando el desplome de la producción agrícola y disminuyendo en forma drástica el agua potable a miles de familias.
A todo esto hay que agregar el problema del “clientelismo político y el amiguismo, porque en muchos casos, personas de cierta solvencia económica, dirigentes o miembros de los grandes partidos políticos, cortan árboles, extraen materiales de construcción de los mismos cauces de los ríos, y cuando son apresados por las autoridades éstas reciben todo tipo de presión, incluyendo amenazas de destitución.
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