Aunque la Policía dijo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en las resoluciones aprobadas por el Consejo Superior Policial sobre la cancelación de 46 agentes, la mayoría solo aparece con sus nombramientos cancelados.
No se especifica si fueron sometidos a la Justicia. Una de estas situaciones se refiere a los oficiales envueltos en la trama para matar al abogado de Santiago, Jordi Veras. En las resoluciones a las cuales El Caribe tuvo acceso, los mayores José Eury Ubrí Díaz y Cristino Batista Roa, el primer teniente Ricardo Pérez Mateo y la segundo teniente Fernanda Julieta García Urbáez, todos implicados en el caso Jordi, figuran únicamente con la inscripción “cancelación de nombramiento”.
Conforme establecen las resoluciones firmadas por el ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, el jefe policial, José Armando Polanco Gómez, los sargentos mayores Halpis Ransses Reyes y Ada Francisco Lugo Gómez estuvieron directamente vinculados con los principales componentes de la red criminal orquestada para quitarle la vida a Jordi.
El departamento de Asuntos Internos de la Policía comprobó que Ubrí Díaz tenía depurada en el sistema de investigación criminal a la procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, quien tenía a su cargo las investigaciones de la componenda criminal ideada para eliminar al hijo del reconocido jurista Negro Veras.
Sin embargo, no obstante comprobarse el involucramiento de estos agentes con la frustrada trama, el Consejo Superior Policial, en vez de recomendar su envío a la justicia ordinaria, ordenó su cancelación, alegando que incurrieron en “mala conducta”.
De las 46 resoluciones, solo diez oficiales superiores y subalternos figuran como puestos a disposición de la justicia. La misma Policía señala que Ubrí Díaz tenía una relación cercana con Francisco Alberto Carela Castro, encarcelado en Santiago por la trama contra Jordi, y que el resto de oficiales y alistados señalados colaboraron de alguna forma con el atentado, razón que obliga la pregunta de por qué en las resoluciones no se establece su envío a la justicia ordinaria acusados de complicidad.
Afirma que están a disposición de fiscales
El vocero de la Policía, coronel Máximo Báez Aybar, asegura que estos ex agentes sí fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que sean investigados por los distintos crímenes y delitos en los que se mencionan. “Eso no significa que necesariamente tengan que ver con estos casos, sino que serán investigados”, puntualiza.
Por la insistencia de este medio en tener alguna constancia de que estos policías fueron enviados a la justicia, Báez Aybar solicitó personalmente a un fiscal adjunto copias del oficio que acredita que sus ex colegas fueron formalmente sometidos.
Pero al cabo de unos veinte minutos de espera, el portavoz policial regresó sin el documento y se excusó diciendo que “hoy (ayer) no pudo ser posible; vamos a ver mañana (hoy) sin te lo puedo conseguir”.
Públicamente conocido, desde enero del 2010 hasta este año, la Policía ha sacado de sus filas a 121 policías de distintos rangos y departamentos y por diferentes motivos.
La jefatura dice que estas medidas forman parte del proceso de limpieza institucional reclamado por amplios sectores de la sociedad dominicana.
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