El sacerdote jesuita Mario Serrano denunció que detrás de las repatriaciones masivas de indocumentados haitianos existe una red mafiosa de traficantes de personas con participación en los estamentos del Estado.
Serrano dijo que la mafia, que cuenta con participación de autoridades, es la causa de la desregulación fronteriza, de la ausencia del reglamento de la Ley de Migración y de la “recogida” de trabajadores inmigrantes sin observar sus derechos consignados en la Constitución y en tratados internacionales de lo que el país es signatario.
Para el sacerdote lo principal es la falta de voluntad política del Gobierno en cumplir y hacer cumplir las leyes; también observó falta de voluntad política para poner en marcha un plan de regulación migratoria ajustado al ordenamiento legal del país y al derecho internacional.
Calificó de “ilegal” y “vulneración” de derechos el hecho de que el Gobierno trate de someter a los propietarios de medios de transporte en los que se trasladan los inmigrantes.
“Es inaceptable que se sigan violentando los derechos y los principios constitucionales de presunción de inocencia, libertad de tránsito y de no discriminación, y estos operativos no respetan los criterios de evitar la separación familiar, protección de los bienes, de no retención de documentación, ni de notificación a las autoridades consulares en un plazo razonable”, expresó Serrano.
Acusó a las autoridades de prácticas racistas al fundamentar en un perfil racial las repatriaciones masivas. “En muchos casos –expuso- ni siquiera verifican la documentación de los extranjeros antes de conducirlos a abordar la guagua”.
También denunció que en los centros de retención no se garantiza la alimentación de los detenidos, ni existe un registro de los inmigrantes que ingresan al recinto, ni de los que egresan repatriados.
Para Serrano se trata de una violación de los derechos y un atentado contra la dignidad humana. Dijo que en las repatriaciones no se respeta el derecho a una asistencia legal. “Se recurre al uso de la fuerza y se “macutea” a los inmigrantes”, exclamó.
Pidió al Gobierno una política migratoria clara y coherente con la realidad de los flujos migratorios, y exigió la puesta en marcha de un plan de regularización de extranjeros previsto en el artículo 151 de la Ley General de Migración.
Demandó del gobierno tratar el tema con más responsabilidad y dejar de responder con intenciones y con palabras, cuando lo que se requiere es que se actúe con hechos y con acciones concretas.
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