Por: Amaurys Florenzán
En el año que recién finaliza no existe reporte acerca de que el gobierno, o agentes de los cuerpos castrenses hayan cometido asesinatos por motivos políticos; no obstante, hubo numerosos informes acreditativos de que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en muertes ilícitas e injustificadas, o en el uso excesivo de la fuerza, en franca violación e incumplimiento de los derechos humanos de dominicanos y extranjeros residente en la nación.
A pesar de que el papa Benedicto XVI instó durante una misa que ofició para festejar el Año Nuevo 2010, que se le brinde el respeto adecuado a todas las personas, sin discriminación y a otorgar la protección a niñas y niños en zonas de guerra y violencia, en el caso de la República Dominicana fue notoria la violación a los derechos humanos.
Además de firmar el 26 de Enero de 2010, una Constitución que nació negándose a sí misma y violando derechos fundamentales, el Poder Ejecutivo ha promovido el irrespeto a la institucionalidad y la violentación a las leyes, llegando, incluso, a conceptualizaciones vagas para justificarse.
Tal es el caso de las afirmaciones del presidente Leonel Fernández en el sentido de que el problema de la Educación no es sólo de recursos económicos, con lo que pretendió justificar la negativa del gobierno a cumplir con la Ley General de Educación 66-97, que establece un 4% del Producto Bruto Interno (PIB), o el 16% del Presupuesto de la Nación para dicho sector.
A las declaraciones del presidente siguieron otras de sus funcionarios, así como publicaciones oficiales señalando que “ningún gobierno ha cumplido con la Ley de Educación”, Ley promulgada precisamente por Leonel Fernández en 1997.
El irrespeto a la Constitución por parte del presidente Fernández ha llegado al punto de instruir a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana para que promuevan reformar a la Carta Magna que posibiliten la repostulación, prohibida constitucionalmente, así como a la escogencia de un Tribunal Constitucional, cuyos jueces apoyen la reelección.
La falta de institucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo impide que el poder ciudadano lleve ante los tribunales al Presidente de la República por los cargos de violar deliberadamente la Constitución y las leyes, así como demandar su renuncia o destitución.
En 2010, la inseguridad ciudadana y la violencia dominaron el panorama social de República Dominicana donde, alrededor de unas 2,155 personas perdieron la vida en hechos violentos.
Agentes de la Policía Nacional mataron este año a 478 personas en “intercambio de disparos”, de acuerdo con denuncias y cifras oficiales las cuales reflejan que desde el primero de enero al 16 de agosto, bajo la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, perdieron la vida 429 personas. El resto de los fallecidos, hasta el ocho de diciembre, se le atribuye a la jefatura del mayor general Polanco Gómez. Comparado con el año 2009, en el cual murieron 400 personas, en este 2010, los “intercambios de disparos se incrementaron en un 16%. Seis miembros de la Policía perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo”.
Entre las principales causas de muertes se encuentran asaltos, robos, riñas y violencia de género. Se estima que en más del 60% de los hechos delictivos hay implicados agentes de la Policía y militares. El involucramiento de individuos del orden en violencia delictiva va desde “intercambio de disparos” hasta tráfico de drogas, asaltos, robos, extorsión y feminicidios.
La implicación de policías y militares en hechos de sangre y en delitos penales es tan elevada que el ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, afirmó que: “La Policía ha disparado la tasa de criminalidad en 3.4% debido a la incapacidad en el manejo de las técnicas policiales”.
Los policías y militares envueltos en estos acontecimientos se hallan a todos los niveles, desde generales a guardias rasos, en asuntos de narcotráfico y hasta en el sicariato.
En 2010, el sicariato se incrementó al punto de que se le denomina en los círculos de seguridad como “la industria del sicariato”.
Los últimos sucesos revelan que el grueso de los sicarios ha salido de las filas de la Policía Nacional, donde a través de la Unidad de Persecución y Búsqueda de Fugitivos son formados en técnicas de asesinatos, pasando de ahí a vender sus servicios al crimen organizado.
La violencia se ha expresado con un incremento de los linchamientos públicos de supuestos delincuentes. El año termina con un total de nueve personas ejecutadas públicamente, cuatro de los cuales han ocurrido desde el 16 de agosto, bajo la jefatura policial del general Polanco Gómez, quien declara a la prensa que esos hechos deben servir de escarmiento a los jóvenes.
Afirmaciones tales obligan a demandar una retractación pública y a pedir perdón al pueblo dominicano.
Preocupante resulta, también, la cifra de personas reportadas por sus familiares como desaparecidas. La Policía Nacional registra un total de 146; sin embargo, no dispone de estadísticas que muestren el número de casos resueltos, excepto un porcentaje mínimo donde aparecen muertos con signos de extrema violencia, como decapitaciones.
Otro aspecto que preocupa a la sociedad dominicana es el aumento de mujeres a manos de sus ex o actuales parejas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido denuncias de 192 feminicidios en 2010, lo que significa un incremento de 159% con respecto al año 2009, en que se registraron 74 casos. Más del 50%, fueron ejecutados por esposos o alguien del entorno de la víctima.
Situación carcelaria
En la República Dominicana operan actualmente dos sistemas penitenciarios opuestos. El viejo modelo carcelario se caracteriza por el hacinamiento, la sobrepoblación, los privilegios y todo tipo de corrupción, incluyendo ser centros de mandos de grupos organizados que son dirigidos afuera y adentro por los mismos reclusos.
En cambio, en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria se observan avances muy significativos, tales como el respeto a la integridad y derechos de los internos, la seguridad sanitaria y alimenticia, la capacitación y el empeño de las autoridades por lograr la reintegración social de las personas privadas de su libertad. Es de observar que en este nuevo sistema se ha eliminado el analfabetismo y no hay sobrepoblación.
Este nuevo sistema comenzó como un Plan Piloto en el año 2004 y hoy día se han incorporado 13 cárceles que han pasado a ser Centros de Corrección y Rehabilitación. Para 2011, se contempla pasar cuatro cárceles del viejo sistema al nuevo.
El año que recién concluye dejó marcado un claro compromiso para los sectores que conforman esta sociedad, los cuales deben empoderarse ante los problemas que atentan contra la colectividad y fuera de las pasiones políticas, les corresponde continuar las búsquedas de soluciones que posibiliten el cumplimiento total de los derechos humanos de dominicanas y dominicanos.
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