(Cortesía de Barahonero.com).El tradicional hotel Guarocuya, un simbolo de Barahona, fue arrendado en el 3 de Enero de año 1996 por RD$12,000 mensuales (sin que mediara una pieza jurídica que avalara su contrato) tampoco sin fecha de vencimiento del contrato, a una persona de nombre José Sánchez Hiciano, quien nunca ha realizado una inversión considerable para remodelar ese hotel.
El hotel Guarocuya se encuentra abandonado por sus arrendatarios.
El arrendamiento de hoteles del Estado es un negocio que aunque deja millonarias sumas de dinero a cada gobierno de turno, no escapa a escándalos y señalamientos, por las irregularidades que se atribuyen a este tipo de acuerdos.
Sin contabilizar los contratos que en vez de pagos mensuales contemplan inversiones en las instalaciones de los hoteles arrendados, el Estado percibe anualmente 35 millones 284 mil 286 pesos por concepto de rentas. El tiempo de alquiler oscila entre 20 y 40 años, lo que ha constituido un negocio rentable para distintos gobiernos desde que inició este proceso, en la década de los 60’.
La renta de hoteles beneficia igualmente a empresarios que deciden incursionar en este negocio. Incluso, muchos hoteles fueron dados en arrendamiento sin que mediara una pieza jurídica que avalara sus contratos. Es por eso que entidades como Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) no solo han cuestionado los términos en que han sido transferidos los hoteles, sino que elevó sus quejas ante los tribunales, demandando formalmente la nulidad de algunos contratos.
La Corphotel explica
Las preocupaciones del activista de la sociedad civil, De la Rosa, fueron revalidadas por la propia Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (Corphotel), que es la entidad oficial responsable de contraer y administrar los contratos de arrendamiento de los hoteles propiedad del Estado.
“Ahora sí existe la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, que establece que los arrendamientos que se hagan en la actualidad tienen que hacerse conforme a lo que establece esta ley.
Pero anteriormente no existía ningún reglamento ni ninguna ley específica que regulara el arrendamiento de los hoteles”, precisa Erly Almonte, consultor jurídico de Corphotel. Cuando se le preguntó cuál era el mecanismo legal que amparaba el arrendamiento de los hoteles mucho antes de 2006, que es cuando se crea la Ley de Contrataciones Públicas, esta fue la respuesta que ofreció Almonte: “eso se regía por el derecho común.
Se discutía con los arrendatarios las condiciones y Corphotel establecía una serie de requisitos. Pero eso lo establecía la administración de Corphotel, no porque existiese ninguna disposición legal que reglamentara eso”.
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